Repasamos las principales medidas y novedades jurídicas de la última semana.
Los destacados de la semana en 1 minuto de lectura.
- La CNV permite la emisión de Obligaciones Negociables sin autorización previa. La CNV instituye regímenes especiales para el ofrecimiento de valores negociables de bajo o mediano impacto, flexibilizando los requerimientos para su emisión.
- La IGJ crea el Servicio Jurídico Permanente. El Organismo crea la unidad con la finalidad de asegurar el control de legalidad de los actos administrativos.
CNV
La CNV permite la emisión de Obligaciones Negociables sin autorización previa.
A través de la Resolución N°1047/2025, la CNV incorporó dos nuevos regímenes que prevén la posibilidad de emitir valores negociables (VN) de bajo o mediano impacto, exceptuando total o parcialmente al emisor del cumplimiento de los requerimientos propios del régimen de oferta pública. En este orden, para el caso de VN de bajo impacto (emisión por un monto de hasta un millón de UVAs), se exime al emisor del requisito de obtención de autorización por la CNV. Asimismo, para el caso de VN de mediano impacto (emisión por un monto de hasta siete millones de UVAs), se reducen las exigencias para la obtención de autorización, y se incorpora la obligación de suministrar información específica con la finalidad de proteger a los inversores.
(Resolución General CNV N°1047/2025 (B.O. 09/01/2025)).
IGJ
La Inspección General de Justicia crea el Servicio Jurídico Permanente.
En cumplimiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente “Asociación Civil Universidad del Salvador c/ Inspección General de Justicia” (CSJN, 21/11/2024), que dispone que resulta aplicable a la Inspección General de Justicia (IGJ) lo establecido por el artículo 7°, inciso d) de la Ley Nº 19.549 (Ley de Procedimientos Administrativos) en relación al requisito esencial que establece dicha normativa, sobre la necesidad de un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos.
En este contexto mediante la Resolución General N°02/2025, la IGJ creó el Servicio Jurídico Permanente (SJP), unidad técnica bajo dependencia directa del Inspector General, que tendrá por función intervenir de forma previa y obligatoria al dictado de todo acto administrativo que pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. (Resolución General IGJ N°02/2025 (B.O. 09/01/2025)).
